Un conjunto de documentos filtrados expone la estructura financiera y operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa, Jalisco, con registros fechados el 13 de diciembre de 2025 que revelan cifras, cargos, nombres clave y movimientos de recursos en la región. La información ofrece una visión inédita sobre los recursos mensuales asignados a actividades ilícitas y permite identificar la cadena de mando regional, así como los mecanismos utilizados para mantener el control territorial.

La filtración incluye datos precisos sobre la distribución de fondos y las localidades entre las que opera el CJNG. Los documentos detallan movimientos en Villa Purificación, San Gabriel, Chiquilistán, Casimiro Castillo, Sayula, Cuautitlán, Mascota, Atenguillo y Mixtlán. Cada gasto se encuentra asociado a ubicaciones específicas, lo que permite mapear las rutas y zonas de influencia de la organización en el occidente de México.

Entre los nombres identificados destacan Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, conocido como “El Sapo”, a quien los registros atribuyen los ataques con coche-bomba que ocurrieron el domingo previo en San Juan de los Lagos y una base de la Guardia Nacional. Mendoza Gaytán figura como jefe de plaza en la región de los Altos de Jalisco. Además, figuran otros operadores: Luis Miguel Pelayo (“El Meño”), jefe en Autlán y Villa Purificación; Francisco Javier Gudiño Haro (“La Gallina”), líder regional en Puerto Vallarta; y Jesús Ambriz Cano (“El Yogurt”), todos vinculados a la recepción de distintas sumas de dinero.

Los documentos contienen registros de pagos destinados a diversas actividades, sobresaliendo transferencias como “650 mil pago GN Mich Picten”, “75 mil GN Autlán” y “20 mil Guachito pasa datos”. Otro apartado señala “gastos en dólares”, con erogaciones que incluyen 2 millones de dólares a Mono Flako, 600 mil dólares bajo el concepto de “regalos de nietos” y 98 mil dólares para un operador identificado como Güereja. Estas cifras reflejan la magnitud de los recursos involucrados en la operatividad mensual del grupo.

La organización requería pagos millonarios para mantener su funcionamiento, sumando conceptos como salarios a sicarios, jefes de plaza, hackers y presuntamente a policías municipales. El liderazgo de Rubén Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho aparecía respaldado por una estructura financiera que permitía la continuidad operativa del cártel.

Los registros hallados en una cabaña utilizada como refugio por el líder criminal revelan ingresos que superan 8,7 millones de pesos únicamente en diciembre de 2025, provenientes de la venta de drogas y la operación de máquinas tragamonedas en Tapalpa. Este flujo de dinero permitía cubrir los gastos vinculados a la organización en múltiples localidades.

En cuanto a la nómina, los documentos muestran que sólo en Tapalpa la operación del grupo representó un gasto de 1 millón 389 mil 690 pesos. De esa cantidad, 138 mil pesos se destinaron a la policía municipal. El cruce de información con datos públicos del ayuntamiento local indica que el dinero entregado por el cártel a la corporación alcanza el 20% de la nómina mensual de seguridad pública.

Los pagos del CJNG no sólo se dirigían a fuerzas municipales. Se documentan transferencias de 46 mil pesos al ayuntamiento de Atemajac de Brizuela y 86 mil pesos a Chiquilistlán. En Atemajac no existen registros públicos disponibles sobre el gasto en seguridad, mientras que en Chiquilistlán la nómina mensual oficial es de 265 mil 124 pesos, lo que sugiere una inyección significativa de recursos paralelos.

Varios apartados de los papeles filtrados detallan funciones y cargos internos, como “halcones” (informantes), “muchachos base”, relevos, corredores y “muchachos choke”. Por ejemplo, se asignaron 2 mil 900 dólares para 20 halcones y 6 mil 30 dólares para 26 muchachos choke en actividades logísticas. La lista de gastos incluye gasolina, talleres mecánicos y oficinas, sumando 16 mil 900 dólares en un solo día para la logística criminal.

La operatividad del CJNG abarca una red extensa de localidades y cargos, con pagos que permiten identificar rutas y zonas de influencia. Los documentos revelan también sobornos a elementos federales, entre ellos 37,700 dólares a “GN Mich Picten”, 4 mil 350 dólares a “GN Autlán”, mil 160 dólares a “Guachito pasa datos” y 870 dólares a “PGR”. Estas erogaciones evidencian una estrategia de corrupción que facilita la operación del grupo en la región.